La oposición critica la falta de transparencia del Gobierno de Ayuso
En el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra la conocida “Ley Ómnibus”. Refrendado por la dirección de su partido y por la firma de 50 senadores socialistas, el PSOE de Madrid pretende dar freno a una ley encaminada a “eliminar el consejo de transparencia, quitar las atribuciones a la Cámara de Cuentas y amordazar a Telemadrid”. “Ha modificado la estructura para ir en la dirección contraria de los objetivos constitucionales”, aseveró el líder de los socialistas.
La Ley de Medidas Para la Simplificación y Mejora de la eficacia de las instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid fue aprobada el 22 de diciembre de 2023 por mayoría absoluta y tramitada por vía de urgencia. Se trata de una “ley contenedora” que contempla la modificación de un total de 15 textos legislativos. La norma eliminó la necesidad de una mayoría reforzada para el nombramiento de los miembros de la Cámara de Cuentas, extendía el control del Ejecutivo sobre el Consejo de Transparencia y otorgó mayoría absoluta al PP en el Consejo Administrativo de Telemadrid.
Sin embargo, la polémica Ley no ha monopolizado las críticas de la oposición al Gobierno autonómico. El centro de las críticas estaba dirigido a la negativa de la Comunidad de Madrid de hacer públicas las actas de las reuniones en las que se decidió denegar asistencia hospitalaria a los residentes mayores pacientes de COVID 19, de los cuales fallecieron 7.291. Tal y como adelantó la Cadena Ser, el Gobierno de Ayuso recurrirá por vía contencioso-administrativa al Tribunal Superior de Madrid para evitar cumplir la resolución del Consejo de Transparencia que exige la publicación de las actas, lo que atiende a la petición de un solicitante anónimo que recurrió al Portal de Transparencia.
“¿Por qué tiene tanto miedo a que los madrileños conozcan unos documentos públicos que explica cómo usted hace las cosas?”, ha preguntado Lobato, quien le ha espetado a la presidenta que es la “política más antiliberal”. Lobato apuntó también a las escasas posibilidades que le ofrece la vía parlamentaria de acceder a las actas. El PSOE muestra su extrañeza ante la decisión de Ayuso de recurrir contra el Consejo de Transparencia, órgano dependiente de la Comunidad de Madrid.
Vox y PP
Isabel Díaz Ayuso planteó abrir una investigación para sancionar el “error técnico” de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, al haber votado en nombre del diputado ausente José Luis Ruiz Bartolomé en la pasada sesión plenaria. El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio dio luz verde a abrir una investigación en la que la líder de Vox podría ser suspendida de la Cámara hasta treinta días.
La gestión de la inmigración ilegal y de la residencia de los menas se suma a una nueva crisis que acrecienta el distanciamiento entre el bloque conservador. “La señora Ayuso está más centrada en expulsarme del pleno que en expulsar a los menas de Madrid”, reprochó Rocío Monasterio.
El Grupo Vox también exigió a la presidenta Ayuso una reducción de la publicidad institucional. Subraya que la inversión de 27 millones de euros destinados a los medios privados es proporcionalmente cuatro veces mayor que la realizada por el Gobierno de Sánchez.
En comparecencia ante la prensa, Alfonso Serrano y el resto de senadores por designación autonómica anunciaron la toma en consideración por el Senado de la Ley antiokupación. Esta primera “Ley Feijóo” estará seguida por un conjunto legislativo destinado a la penalización y expulsión de la ocupación y “la defensa de los propietarios legales”, tal y como aseguraron los comparecientes.
El Pleno de este jueves se desarrolló con la segunda concentración estudiantil convocada por El Sindicato de Estudiantes y por la agrupación feminista Pan y Rosas a las puertas de La Asamblea de Madrid. Aunque apenas se hizo mención, los estudiantes de las FP convocaron una huelga el 8 de febrero para, tal y como anunciaron en un comunicado por X (Twitter): “exigir las prácticas que nos corresponden”.
