ETA: Un recuerdo amargo en la sociedad
El miedo, la rabia y la tristeza son los sentimientos que florecen en muchos ciudadanos del país al hablar de ETA. Algunos, motivados por las injusticias vividas, deciden hacer de la lucha por la defensa de las víctimas su modo de vida; otros, sin embargo, omiten el tema y deciden que la mejor opción es el olvido. Aun así, en ambos casos y en muchos más, queda el “amargo recuerdo” de una sociedad azotada por el terrorismo.
Muchas familias en el País Vasco determinan que la omisión del tema es la mejor vía para olvidar el dolor. “Es un tema tabú. No se habla de ello”, cuenta un abogado vasco para Infoactualidad, que pide el anonimato.
LA POLÍCIA, UN GRUPO FUERTEMENTE AZOTADO POR EL TERRORISMO
“Si no pensabas como ellos, eras objetivo”, constata Milagros Alegre, agente de policía que investigaba a terroristas de ETA en torno al año 2000. “En el País Vasco se vivía con miedo, y muchos de mis compañeros vivían con miedo”, continúa Alegre.
Durante el tiempo que ETA estuvo activo, murieron cerca de 150 policías y más de 206 guardias civiles, de los 864 muertos y más de 7.000 heridos de las violentas acciones de este grupo independentista.
El 11 de diciembre de 1987 tuvo lugar el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, que provocó once muertos y 40 heridos. Este atentado, cuya autoría se atribuye a Henri Parot, resultó en el asesinato de seis menores, pensando que en ese edificio vivían solamente agentes solteros.
“Siempre había alguna tapadera, alguna empresa”, explica Milagros Alegre, que por aquel entonces tenía apenas 30 años y trabajaba en grupos operativos en Guipúzcoa y Vizcaya, donde contaba con su vivienda, que a su vez era centro de trabajo para no pasar por comisaría. “Si no sabían que eras policía, no había ningún problema”, afirma.
LA LUCHA ARMADA
Consuelo Ordóñez es una imagen nacida del terrorismo de ETA. Abogada, fundadora de COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) y hermana de Gregorio Ordóñez, político del Partido Popular asesinado por ETA en 1995, ha hecho de la lucha contra el terrorismo y el activismo en defensa de las víctimas su vida.
“Yo reclamo contar la verdad para que se haga justicia”, cuenta Ordóñez a INFOACTUALIDAD. La activista lleva años pidiendo que se cuente el “final pactado” que reivindica día tras día. “Contaré la verdad, aunque sea molesta”, afirma.
Esta “verdad” a la que se refiere Ordóñez, salió publicada en la portada del periódico El Mundo, el pasado 20 de octubre, durante el décimo aniversario del fin de ETA. “Habla, haz lo que tengas que hacer y me dices”, esas fueron las palabras con las que el expresidente Mariano Rajoy confirmaba que era consciente de las conversaciones llevadas a cabo por el Gobierno, que entonces estaba presidido por Zapatero, y altos cargos de la banda terrorista.
Mariano Rajoy y altos representantes del Partido Popular mantuvieron, a través de notas de uso internas, un canal de comunicación con la cúpula del Gobierno de Zapatero para estar al tanto de las negociaciones con el grupo terrorista llevadas a cabo entre mayo y octubre de 2006, según ha tenido acceso el diario El Mundo. En estas notas se evidencia que el PP sabía que “de los presos se hablaría pronto” y que se producirían “salidas a lo largo de los años con mucha discreción”.
El 11 de junio de 2006 se produjo una multitudinaria manifestación en la Plaza de Colón convocada por AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) y respaldada por el Partido Popular. Durante esta concentración se escucharon gritos contra Zapatero y el Gobierno, se organizó bajo los lemas “¡Negociación, en mi nombre no!” y “¡Queremos saber la verdad!” y contó con la presencia del entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy; la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; y el ex alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
“ETA había exigido la legalización de sus brazos políticos para dejar de matar porque era lo que más daño hacía”, continúa la activista en la entrevista dada a este medio. Además, acusa al PP de “traición” y “utilización” de las víctimas. “Se debe contar la verdad para que se haga justicia con quien hemos pagado el precio de ETA, que hemos sido las víctimas”, concluye Ordóñez
EN EL PAÍS VASCO TODOS ERAN DE ETA
El abogado, que estuvo detenido durante 10 días en dependencia de la Policía Nacional de Vitoria, Bilbao y Madrid, describe que había “secretismo” entre los familiares y que “en ETA no se entraba” sino que, en el País Vasco, durante las últimas décadas del siglo XX, “todo el mundo era de ETA”.
“Hasta el mismo momento en que me dejaron en libertad, estaba convencido de que iba a ir a la cárcel”, afirma el abogado. “Los interrogatorios eran violentos, con golpes y amenazas graves” y, además, reconoce que no tuvo contacto “ni con familiares ni con abogados” durante esos 10 días.
“ETA no supo asumir la sociedad libre”, muerto ya Franco el grupo terrorista continuaba cometiendo asesinatos. La democracia no fue suficiente para su disolución. La fase de ETA previa a la muerte del dictador sirvió “para que la sociedad vasca en su conjunto” tomara conciencia de que “ansiaba la libertad”. Sin embargo, según relata el abogado, “luego se convirtió en un problema e incluso en un freno para la libertad”.
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, se inició una etapa en la que se cometieron más crímenes. Un total de 699 personas fueron asesinadas por el grupo terrorista vasco desde el 20 de noviembre de 1975, de los cuales más de la mitad eran miembros de las fuerzas armadas o de cuerpos policiales.
LA HISTORIA CONTINÚA HASTA QUE HAYA JUSTICIA
Durante la primera legislatura de Felipe González, a finales de los años 80, se aprobó la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de toda la península. Cientos de etarras fueron enviados a prisiones de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia o Andalucía. Estas dos últimas comunidades son, históricamente, las que más presos etarras acogieron por esta dispersión.
Sin embargo, esta medida ha llegado a su fin. Según EP Data, plataforma de datos creada por Europa Press, el acercamiento de presos al País Vasco o a Comunidades Autónomas cercanas ha tenido su cambio más brusco a partir de marzo de este mismo año.
Instituciones Penitenciarias realizó en julio de 2021 el último traslado y todos los presos que pertenecían a la banda terrorista ETA, a octubre de 2021, se encuentran en cárceles del País Vasco o de comunidades próximas.
“Estos acercamientos que ha hecho el gobierno de Sánchez son ilegales”, afirma Daniel Portero, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. “[El reglamento penitenciario] establece que las juntas de tratamiento tienen que dar un informe favorable para el acercamiento del terrorista”, sin embargo, estos informes, subraya Portero, “no se han producido en la mitad de los casos”.
Daniel Portero sufrió la violencia etarra de primera mano al ser su padre víctima del grupo terrorista. “Yo he tenido la suerte de que los asesinos de mi padre fueron juzgados”, lamenta. Propone además que las instituciones busquen otras vías penales para condenar a los jefes de ETA en los casos sin resolver: “a lo mejor no consigues enjuiciar al que disparó, pero sí al que pudo evitar el atentado”.
Una delegación del Parlamento Europeo visitó España a principios del mes de noviembre para evaluar la situación de los crímenes de ETA sin resolver. Este desplazamiento se produjo a raíz de una solicitud realizada en el año 2017 por la asociación Dignidad y Justicia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento (PETI) en la que pedía que se investigaran “los 379 crímenes sin resolver del grupo terrorista ETA”.
