Vivienda y corrupción centran el último Pleno de la Asamblea de Madrid
- La oposición pone en duda la eficacia del Plan Vive
- La Comunidad de Madrid justifica la actuación de Alberto González
El encarecimiento del suelo madrileño centró las críticas del conjunto parlamentario al Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves. A la sesión, antecedida por el nombramiento del exsocialista Joaquín Leguina como presidente de la Cámara de Cuentas en forma de juramento oficial, han asistido los principales dirigentes del PP madrileño.
La oposición progresista echó en cara al Gobierno autonómico el encarecimiento de la vivienda en la comunidad y el incumplimiento del conocido como Plan Vive, propuesto por el PP en 2020. El proyecto responde al decreto 84/2020, que estipula una política de vivienda madrileña que compromete al Gobierno autonómico a construir “viviendas en alquiler asequible en suelos de titularidad pública”. Juan Lobato, secretario general de los socialistas en Madrid, criticó que el Gobierno haya “construido solo un dos por ciento de las 25 mil viviendas urgentes que prometió”, un total de 140.
En la misma línea, el grupo socialista en la asamblea se hizo eco de la ofensiva municipal encabezada por Candelaria Testa, alcaldesa socialista de Alcorcón, desde las bases del PSOE-M. Juan Lobato se sumó a las exigencias de los ayuntamientos para que la Comunidad de Madrid permita declarar zonas tensionadas, y así entrar en sintonía con la política de vivienda nacional vertebrada por la Ley de Vivienda y tendente a la regulación de precios y alquileres. Ayuso se mantuvo decidida a “no tensionar nada”, asegurando que la regulación de precios es “intervencionismo estatal”. En el debate de este jueves, no se ha sabido diferenciar entre las políticas públicas y los pormenores personales, tales como la procedencia franquista y otras polémicas que rodean al piso de Ayuso y su pareja. La misma Rocío Monasterio, sancionada el pasado miércoles por haber votado desde el escaño vacío de su compañero ausente, se pronunció sobre el problema de la vivienda y aseguró que se solucionaría con una “liberación del suelo”, lo que implicaría una bajada de impuestos autonómicos.
Desde la oposición, también se censuró la dudosa práctica con la que los grandes propietarios de viviendas, protegidos por el propio Plan Vive, cargan el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles a los inquilinos más desfavorecidos. Esta práctica generalizada contradice la sentencia del Tribunal Supremo (1391/2023) que declaró ilegal la traslación del impuesto municipal al arrendatario, pues su pago corresponde exclusivamente al propietario de la vivienda. La líder de la oposición y portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, tachó este fenómeno de “vergüenza” y exigió mayor decencia a los grandes propietarios.
Caso Ayuso
Los litigios tributarios que enfrentan a la actual pareja de la presidenta Ayuso, Alberto González, con la Agencia Tributaria estuvieron presentes en la sesión de control parlamentaria y las comparecencias de prensa de los distintos dirigentes políticos. La Comunidad de Madrid dio a conocer la devolución por parte de Hacienda al señor González de un total de 522 mil euros. Pese a desconocerse el motivo de dicha devolución, se sospecha que puede deberse al pago en exceso que la pareja de Ayuso realizó en un ejercicio de 2022 a través del Impuesto de Sociedades, con el objetivo de regularizar voluntariamente sus deudas, práctica expresamente prohibida por el artículo 252 de la Ley General Tributaria. Con este argumento, algunos miembros de la oposición recalcaron que la devolución de dicha cuantía, predicha en su momento por la propia Ayuso, no exime las acusaciones de fraude fiscal que pesan sobre su pareja respecto a los ejercicios de 2020 y 2021. “Esto no es como confesarse, pagar tarde y mal”, ironizó Juan Lobato.
